Ciudadanos norteamericanos tambien tienen derechos

Los ciudadanos de los Estados Unidos también tienen derechos

El sistema de inmigración en los Estados Unidos actual está diseñado para “castigar” y no contempla por ningún lado el fin de darle solución a los problemas que tienen ciudadanos norteamericanos que solicitan documentos legales para un ser querido indocumentado.

Cada día estos ciudadanos se han visto empujados contra una pared por dos razones fundamentales: Una es tener a ese ser querido dentro de los Estados Unidos sin papeles legales, o sea, indocumentado, y la otra es enviarlo a su país de origen para una cita consular donde se le informa al extranjero que no puede regresar a los Estados Unidos por 3 o por 10 años. Es triste que las leyes de inmigración prohíben que un indocumentado que ha vivido más de seis (6) meses en este país, no puede salir porque sería castigado para volver regresar, dicho castigo siendo entre 3 y hasta 10 años.

Esta política del gobierno estadounidense de “castigo” ha conllevado a crear una sub-sociedad con familias que viven en un estado de inestabilidad, en total a una crisis emocional, social y económica, que perjudica en gran medida al futuro de nuestra sociedad norteamericana.

Lo mas insólito es que la mayoría de dichos ciudadanos norteamericanos que tienen parejas indocumentadas están sufriendo una represalia económica porque su pareja no puede trabajar legalmente. La situación es peor que si estuvieran casados con individuos que han cometido delitos penales de baja moralidad o de violencia. En conclusión, las verdaderas víctimas son los ciudadanos casados con extranjeros que solamente han cometido el delito de entrar sin documentos con el propósito de encontrar un trabajo que no tienen en sus países de origen.

La situación ha empeorado con respecto a las familias que tienen un inmigrante de Mexico, porque el nivel del crimen en Ciudad Juarez, donde radica el consulado norteamericano encargado de procesar estos casos, ha explotado en los últimos dos años.

Estos problemas se solucionaban fácilmente desde mucho antes del año 1977, cuando teníamos una cuota hemisférica de 160,000 tarjetas verdes por año, y no teníamos una política de “castigo.” El congreso estadounidense hizo cambios en leyes migratorias sin medir las consecuencias; una de esas consecuencias fue no medir el impacto social y económico al limitar la cuota para Mexico a 20,000 tarjetas verdes anuales. Hoy día, dicha cuota es 25,000 tarjetas por año, que es por eso que hay dilataciones enormes que sufren los mexicanos tratando de inmigrar a los Estados Unidos.

Después de muchos años el congreso se puso corregir la situación con la aprobación de la “Amnistía de 1986” que inmigró a 3.3 millones de personas, la mayoría siendo mexicanos. Sin embargo en vez de afrontar la realidad y crear un programa de estadía legal temporal, algo que la reforma inmigratoria actual propone, el congreso optó por darle la residencia legal únicamente a aquellas personas que comprobaran su estadía ilegal desde el primero de enero de 1982. No hay duda que varios millones de los familiares de aquellos que inmigraron por medio de la Amnistía, siguen viviendo ilegalmente en los Estados Unidos. Muchos son hijos. La política actual de castigar a estos u otros indocumentados agrava el ambiente de inseguridad para muchas familias norteamericanas ya que muchos de estos hijos se han casado con ciudadanos norteamericanos pero aún no pueden inmigrar. O salen de los Estados Unidos para no regresar en 3 o 10 años, o se quedan ilegalmente en el país sin ninguna solución.

En resumen, lo que tenemos es un sistema super paralizado, porque hay demasiadas personas esperando un derecho legal que debió haber sido concedido en 1986, quienes se ven en riesgo de una deportación, sin poder trabajar legalmente, en fín, viviendo en la oscuridad.

No hay duda que el Departamento de Homeland Security y el Departamento de Estado tienen que aplicar las leyes que hasta la fecha no contemplan ni la historia que se viene desarrollando desde antes de1977, ni el choque emocional, social y económico que representa la política de castigo. Necesitamos la ley 245(i) o una reforma inmigratoria que contemple soluciones prácticas para los seres queridos de ciudadanos norteamericanos cuyos derechos han sido casi destruidos por esta política absurda de “castigo.”